Efectos de la implementación de la nueva ley de energías renovables

Las energías renovables están expandiéndose velozmente como fuente de generación eléctrica a nivel mundial. La gran mayoría de los países del mundo forman parte de esta tendencia e impulsan el uso y generación de las energías renovables a través de diferentes instrumentos.

El resultado es que a nivel mundial, solo en el último año, las energías renovables crecieron más que las no renovables y el consumo eléctrico crece menos que la generación eléctrica de fuentes renovables, por lo cual estas últimas van ganando terreno en el abastecimiento de la demanda.

A pesar de las ventajas naturales de la Argentina para el desarrollo de la energía eólica y solar y también de la biomasa, sólo el 1% del consumo eléctrico proviene de fuentes renovables. Sin embargo, esta potencialidad permite proyectar un buen desarrollo de estas energías en el país, generando proyectos con una amplia cobertura regional, multiplicidad de actores económicos y permitiendo el desarrollo de tecnologías en el país con un significativo efecto positivo sobre la estructura productiva y el empleo.

En septiembre de 2015 se aprobó una nueva Ley de Energías Renovables (Ley N° 27.191), la cual modifica el marco legal hasta entonces vigente, centrado en el Régimen de Fomento para el Uso de Energías Renovables (Ley N°26.190). La nueva ley establece nuevas metas para consumo eléctrico de fuentes renovables, que comienzan con el 8% en diciembre de 2017 y se incrementan progresivamente hasta 20% en 2025. Es un objetivo ambicioso, ya que implica, globalmente, incrementar 17 veces la generación a partir de renovables en los próximos 10 años.

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Una de las novedades de la ley es que establece  que todos los grandes usuarios de energía eléctrica, con demandas de potencias superiores a 300 Kv, deberán cumplir individualmente dichas metas. Para ello, pueden optar por autogenerar o comprar la energía a un distribuidor o a CAMMESA. En ese caso, la ley impone un máximo de US$ 113/MWh para los contratos que hicieran los grandes usuarios con sus proveedores.

Adicionalmente, la nueva ley contempla un conjunto de beneficios fiscales y financieros para incentivar las inversiones en el sector:

  • Régimen de beneficios impositivos sobre IVA y Ganancias: 1) se extiende la aplicación de la devolución anticipada de IVA y amotización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para la ejecución de obras civiles, bienes de capital y demás inversiones para nuevas plantas o ampliación de existentes para provisión de energía renovable; 2) los beneficios no son excluyentes; 3) se obtienen para inversiones en bienes muebles fabricados o importados; 4) la devolución de IVA podrá efectivizarse un período fiscal después de la inversión y el cómputo de las amortizaciones podrá optarse por un mínimo de 2 cuotas anuales (los beneficios son mayores para inversiones que se efectúen antes del 31 de diciembre de 2017).
  • Certificado fiscal. Para los proyectos de inversión que acrediten un 60% de integración de componente nacional en las instalaciones electromecánicas, excluida la obra civil (excepto que no haya producción nacional pero aun así debe tener un mínimo de 30% de componente nacional), los beneficiarios obtendrán un certificado fiscal que podrán utilizar para el pago de impuestos nacionales. El certificado será equivalente al 20% del valor del componente nacional de las instalaciones electromecánicas.
  • Derechos de importación. Exención de derechos de importación para bienes de capital y partes o piezas para equipos destinados a proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables. Este beneficio regirá para la importación de piezas para fabricación de equipos destinados a la generación eléctrica que no sean producidos localmente. Dichas exenciones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017.
  • Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER). Se crea el fideicomiso para facilitar el acceso a financiamiento para proyectos de energías renovables. Entre los destino de los fondos destacan: 1) otorgar préstamos o realizar aportes de capital en proyectos de energías renovables; 2) otorgar avales y garantías para respaldar contratos de compraventa de energía suscriptos con CAMMESA; 3) subsidiar la tasa de interés de préstamos para proyectos de energías renovables; 4) aportes para fondos que financien estos proyectos. Los recursos se asignarán prioritariamente a proyectos con mayor contenido nacional.

El nuevo marco normativo, que establece la obligación sobre los grandes usuarios para que cumplan individualmente, es un factor clave para mover el amperímetro de la penetración de las fuentes renovables para generación eléctrica a nivel global. Ello se vuelve efectivo con la penalidad definida en la normativa de abonar el costo de generación eléctrica con gasoil en caso de incumplimiento de las metas de consumo renovable por los grandes usuarios.

Untitled-2Nota: se supone una industria que demanda una potencia de 500 Kv y consume 186 MWh por mes. El tipo de cambio utilizado es de $ 15,5 por dólar; el precio de las energías renovables, 113 US$/MWh; del gasoil importado, 190 US$/MWh (valor de enero 2016). Tarifa promedio para CABA, Edesur, potencia demandada mayor que 300 Kv

El 31 de marzo se publicó la reglamentación de la ley. A través del decreto 531/2016 quedaron establecidas las pautas generales que regirán la implementación del nuevo marco normativo. Uno de los aspectos más importantes es la decisión de destinar una partida presupuestaria de 12.000 millones de pesos al FODER para el año 2016, los cuales aportarían un volumen relevante de recursos para financiar proyectos.

También quedó establecido un sistema de asignación de los cupos fiscales, los cuales serán distribuídos en función del orden de mérito que surja a partir de las licitaciones que se realicen.

Los grandes usuarios de energía eléctrica tendrán dos alternativas para cumplir con la nueva ley. La primera es abastecerse a través de CAMMESA, dentro del mecanismo de licitaciones que determine. En este caso ya no tendrán que cumplir con la meta en forma individual pero quedarán sujetos a las condiciones de CAMMESA, cuya única limitación legal es el precio máximo de US$ 113/MWh. La segunda alternativa es abastecerse a través de un proyecto de generación privado o bien conformar su propio proyecto de generación, donde podrán establecer y negociar mejores condiciones.

Respecto al cumplimiento de las metas, la reglamentación ha elegido un enfoque más laxo respecto a las premisas de la ley. En particular, se establece que el Ministerio de Energía y Minería recién comenzará a fiscalizar el grado de cumplimiento de la ley a partir del 31 de diciembre de 2018, es decir que los márgenes para el cumplimiento de la meta del 8% de la energía generada en base a fuentes renovables que debería estar cumplida en 2017, recién se fiscalizará efectivamente en 2019.