Energías renovables y oportunidades para el desarrollo

Por Matías Kulfas*

Días atrás se dio a conocer la reglamentación de la Ley sobre energías renovables en Argentina que fuera sancionada por el Congreso Nacional en septiembre del año pasado. Dicha ley establece nuevas metas en materia de generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables.

Comenzando con un objetivo del 8% a fines de 2017, el nuevo marco legal prevé que el 20% de la energía eléctrica que se genere en 2025 no provenga de fuentes contaminantes sino de la energía eólica, solar, biomasa, mareoemotriz y pequeñas hidroeléctricas, entre otras.

La efectiva implementación de esta Ley puede lograr varios efectos virtuosos de manera simultánea. Por un parte, permitirá incrementar la inversión en un sector que creció mucho en la última década y terminó afectando negativamente las cuentas externas (las importaciones del sector energético en nuestro país pasaron de un promedio del 8% entre 2003 y 2010 al 17% entre 2012 y 2015). Significa, asimismo, un aporte significativo en materia de protección ambiental, contribuyendo a reducir las emisiones contaminantes y sumando a nuestro país al incipiente compromiso global con la problemática del cambio climático. Hay un tercer efecto virtuoso que se presenta como uno de los mayores desafíos: esta nuevo marco normativo genera una excelente oportunidad para el desarrollo industrial nacional. Generar el 20% de la energía eléctrica en base a fuentes renovables implica realizar enormes inversiones en bienes de capital, equipos de generación, partes, piezas y obras de ingeniería.

El decreto reglamentario Nro. 531/16, publicado el pasado 31 de marzo, establece las pautas generales mediante las cuales se implementará la nueva ley. Una de las noticias más relevantes es que anuncia la asignación de una partida presupuestaria de 12.000 millones de pesos para el presente año destinada al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), el cual tendrá a su cargo financiar proyectos en el sector. El monto es significativo y es una buena noticia respecto a la voluntad de avanzar en la efectiva implementación de la Ley.

Respecto a los beneficios fiscales establecidos en la Ley (devolución anticipada de IVA, amortización acelerada de bienes de capital y obras asociadas a los proyectos de inversión, certificado fiscal para proyectos que acrediten un 60% de integración con componentes nacionales), se establece un cupo que los irá asignando en función de un orden de mérito que se fijará en las licitaciones que se irán realizando.

Los grandes usuarios de energía eléctrica tendrán dos alternativas para cumplir con el marco legal. La primera es abastecerse a través de CAMMESA, dentro del mecanismo de licitaciones que determine. La segunda alternativa es abastecerse a través de un proyecto de generación privado o bien conformar su propio proyecto de generación, donde podrán establecer y negociar mejores condiciones. Este aspecto es de gran importancia. El sector industrial podrá ver esta Ley como un mero aumento de costos (marginal en una primera etapa, por cuanto sólo se encarecería en una proporción equivalente al 8% del total de energía consumida) o bien como la oportunidad para encarar nuevos proyectos de generación y participar activamente en las diferentes industrias proveedoras de las inversiones que esta ley demande. Debería inclinarse por la segunda opción.

La asignación de cupos fiscales también demandará la constitución de garantías por el beneficio a recibir. Es adecuado que haya exigencias cuando se ofrecen beneficios fiscales, habrá que ajustar los cálculos para que los costos no terminen desalentando a los proyectos más pequeños, o bien que puedan ser financiados adecuadamente. Asimismo, y respecto al cumplimiento de las metas de implementación de la Ley, la reglamentación ha elegido un enfoque más laxo respecto a las premisas originales. En particular, se establece que el Ministerio de Energía y Minería recién comenzará a fiscalizar el grado de cumplimiento de la ley a partir del 31 de diciembre de 2018, es decir que los márgenes para el cumplimiento de la meta del 8% en base a fuentes renovables que debería estar cumplida en 2017, recién se fiscalizará efectivamente en 2019. Este es, probablemente, uno de los aspectos más controversiales que deja el Decreto 531/16.

Para finalizar, un comentario general. Se trata de un sector que ofrece enormes posibilidades para el desarrollo de manera virtuosa. El primer paso muestra la voluntad política de avanzar y disponer recursos, y eso es una buena noticia. El probable waiver de dos años ofrece un matiz opaco. Asimismo, se ha observado en las autoridades un fuerte entusiasmo en la atracción de fondos internacionales e inversores locales hacia el sector, aspecto que sin dudas es necesario. Pero ese entusiasmo ha sido proporcionalmente mayor al que requiere fortalecer la producción nacional de los bienes de capital necesarios para implementar los proyectos. La demanda de molinos eólicos para ampliar la generación eléctrica en base a renovables podrá expandirse a razón de un promedio de entre 200 y 300 al año. El país puede producir molinos eólicos con una integración superior al 80%. Se trata de una una extraordinaria oportunidad de desarrollo para la industria nacional, asentada en cientos de PyMEs diseminadas por todo el país. La generación en base a fuentes renovables se presenta entonces como una gran oportunidad. Si, por el contrario, predomina la importación de estos bienes de capital, habremos cumplido el objetivo de generación en base a renovables pero también habremos perdido una oportunidad para el desarrollo industrial y alimentado, nuevamente, una fuerte salida neta de divisas.

 

*Esta nota fue publicada en El Economista